DIVORCIO: ¿Quién tiene la obligación de pagar la comunidad de propietarios de la vivienda común?

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El Tribunal Supremo ha acordado que en caso de divorcio (o separación) los juzgados de familia pueden imponer los gastos de comunidad al ex cónyuge que usa la vivienda ganancial.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la reciente Sentencia de 25 de septiembre de 2014  establece que en el supuesto de que en un proceso de divorcio, se adjudique el uso de la vivienda de la que ambos son copropietarios, a uno de los cónyuges, los gastos ordinarios de mantenimiento de dicha vivienda, como son los de la comunidad de propietarios, pueden ser atribuidos al excónyuge que la utilice, en tanto que los extraordinarios (incluidos el IBI, seguros y similares), corresponden a ambos por mitad.

El alto Tribunal considera evidente que en las relaciones entre la comunidad de propietarios y los propietarios individuales, los gastos corresponden al propietario y que de acuerdo con la ley se pueden pagar al 50%, pero “nada obsta a que un tribunal de familia acuerde, en aras al equilibrio económico entre las partes que el ex cónyuge que utilice la vivienda ganancial, sea el que deba afrontar los gastos ordinarios de conservación”.

Y este pronunciamiento, según el alto tribunal, no es contrario al artículo 9 de la ley de Propiedad Horizontal dado que este rige las relaciones entre propietarios y comunidad, sin perjuicio de las relaciones internas entre los propios co-propietarios y sus circunstancias.

OBLIGACIÓN DE REGISTRO JORNADA EN CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

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Desde enero de 2014, tras la publicación del REAL DECRETO-LEY 16/2013, DE 20 DE DICIEMBRE (ver novedades 2013), las empresas deberán registrar y totalizar todas las horas que trabaje un empleado a tiempo parcial a lo largo del mes (tanto ordinarias como complementarias), y entregar mensualmente dicho registro al trabajador.

 

Si no cumple esta obligación, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa (salvo prueba en contrario), debiendo cotizar por las diferencias desde el inicio de la relación laboral.

 

No existe ningún modelo oficial para efectuar este registro, pudiendo efectuarse con una mera Hoja de cálculo o en la propia nómina en un campo nuevo que refleje el total de horas trabajadas a lo largo del mes (distinguiendo las ordinarias de las complementarias).

 

Ponemos a disposición de nuestros clientes de forma gratuita una plantilla para llevar el citado registro (solicitar a través de la página de contacto).

 

SEPARACIÓN Y DIVORCIO: ¿DURANTE CUANTO TIEMPO SE PUEDE PERCIBIR UNA PENSIÓN COMPENSATORIA?

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Que la pensión se establezca por un tiempo concreto o de modo vitalicio (es decir, sin límite temporal) dependerá de las posibilidades que tenga el beneficiario de la misma de superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto.

El Tribunal Supremo tiene establecido que el establecimiento de un límite temporal para la percepción de la pensión compensatoria es tan solo una posibilidad para el órgano judicial. Para establecerla por tiempo determinado (un año, dos, tres, cinco etc.) dependerá de las posibilidades que tenga el beneficiario de la misma de superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto.

Es decir, debe constar una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente.

Si el beneficiario de la pensión compensatoria (normalmente la mujer) no tiene posibilidad de superar el desequilibrio económico respecto de su cónyuge (por edad, por motivos de salud, por falta de trabajo o por no haber trabajado fuera del hogar etc.) la pensión puede establecerse sin límite de tiempo.

¿HA SIDO AFECTADO POR DESPIDO COLECTIVO U OBJETIVO O LO VA A SER? NEGOCIE CON LA EMPRESA LA SOLICITUD DE LAS AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA

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La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de Madrid ha publicado el pasado 3 de Octubre la Orden 17203/2014, de 18 de septiembre, que regula el Procedimiento para solicitar las ayudas previas a la jubilación ordinaria en la Comunidad de Madrid, ayudas de ámbito estatal que se regularon en el Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, en el que se establecieron las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas (despidos colectivos y despidos objetivos individuales), para facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación y atender situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral.

 

BENEFICIARIOS.- Trabajadores despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los trabajadores, que en el momento de la extinción de sus contratos de trabajo hayan prestado sus servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid, y que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener cumplida una edad, real o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad, que sea inferior en cuatro años, como máximo a la edad ordinaria de jubilación (ver cuadro), tomando en cuenta las cotizaciones correspondientes al período de percepción de la ayuda.

2. Tener cubierto el período de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

3. Acreditar una antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de al menos dos años. En el caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, la antigüedad se computará de fecha a fecha desde la fecha de ingreso en la empresa hasta la fecha del despido.

4. En el caso de trabajadores afectados por despido colectivo, no podrán transcurrir más de cuatro años entre la fecha de comunicación del acuerdo alcanzado en el período de consultas a la autoridad laboral competente y la fecha de acceso de los trabajadores al sistema de ayudas previas.

5. Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid como demandantes de empleo en el momento de la concesión de la ayuda, haber agotado la prestación contributiva por desempleo, en el caso de que tuvieran derecho a la misma y no haber sido objeto de sanción durante el período de cobro misma que implique la pérdida del derecho a la prestación.

6. No estar incursos en alguna causa de incompatibilidad para percibir la ayuda, ni en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 

CUANTÍA DE LA AYUDA.- Consiste en una ayuda económica mensual que percibirá el trabajador y en la cotización a la Seguridad Social durante el período de percepción.

 Importe: 75% del resultado de dividir entre siete la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha del despido, sin que, en ningún caso, pueda superar la pensión máxima establecida en el sistema de la Seguridad Social para el año en que tenga lugar dicha efectividad.

En el caso de los trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, el cálculo consistirá en dividir entre 14 las bases de cotización de los doce meses anteriores al despido.

Duración: hasta un máximo de cuatro años y, en todo caso, hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, según el siguiente cuadro (se indica hasta el 2020):

Año

Períodos cotizados

Edad exigida

2014 35 años y 6 meses o más. 65 años.
Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses.
2015 35 años y 9 meses o más. 65 años.
Menos de 35 años y 9 meses. 65 años y 3 meses.
2016 36 o más años. 65 años.
Menos de 36 años. 65 años y 4 meses.
2017 36 años y 3 meses o más. 65 años.
Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses.
2018 36 años y 6 meses o más. 65 años.
Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses.
2019 36 años y 9 meses o más. 65 años.
Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses.
2020 37 o más años. 65 años.
Menos de 37 años. 65 años y 10 meses.
2021 37 años y 3 meses o más. 65 años.
Menos de 37 años y 3 meses. 66 años.
2022 37 años y 6 meses o más. 65 años.
Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses.
2023 37 años y 9 meses o más. 65 años.
Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses.
2024 38 o más años. 65 años.
Menos de 38 años. 66 años y 6 meses.
2025 38 años y 3 meses o más. 65 años.
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses.
2026 38 años y 3 meses o más. 65 años.
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses.
A partir del año 2027 38 años y 6 meses o más. 65 años.
Menos de 38 años y 6 meses. 67 años.

 

DOCUMENTACIÓN: Si lo desean pueden solicitar el Listado de la documentación a acompañar a través de la página de Contacto, y pueden consultar la norma en la página de Noticias legales, Novedades 2014 –  OCTUBRE.

IMPORTANTE: es incompatible la concesión de estas ayudas con las previstas en el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, siempre que se refieran al mismo proceso de reestructuración.

 

 

NOVEDADES EN MATERIA CONCURSAL: EVITE EL CONCURSO DE ACREEDORES HACIENDO UN ACUERDO DE REFINANCIACIÓN

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Debido a la crisis económica actual, numerosas empresas han iniciado proceso de Concurso de Acreedores o están a punto de hacerlo ante su imposibilidad de afrontar los pagos. Además, hasta hace poco, cuando una empresa no podía hacer frente a sus pagos (o preveía que no lo podría hacer de forma inminente), debía solicitar concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se constata esa circunstancia

Se ha comprobado que llegar a este extremo no es siempre la mejor solución, ya que  la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y para el mantenimiento del empleo. Además la acumulación de procesos en los Juzgados de lo Mercantil está provocando estragos en las concursadas, al retrasarse en ocasiones durante meses las declaraciones de concurso de acreedores.

Por ello en mayo de 2014 se publicó el REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (ver  en NOVEDADES LEGISLATIVAS 2014 – ABRIL), que permitía llegar a acuerdos de refinanciación para evitar el concurso de acreedores. Tras esta norma la  empresa puede ganar tiempo si, dentro del mismo plazo de dos meses, comunica al juzgado que ha iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, lo que  suspende la obligación de solicitar concurso, y éste ya no deberá solicitarse si, gracias al acuerdo de refinanciación o a cualquier otra causa, se supera la situación de insolvencia. Si no se supera la insolvencia, el Concurso deberá solicitarse en el mes siguiente al transcurso de tres meses desde la comunicación.

Pues bien, siguiendo esta línea, el pasado 1 de octubre ha entrado en vigor la LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (ver en NOVEDADES LEGISLATIVAS – OCTUBRE) que acomete medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial, y se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes para evitar el concurso de la empresa y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

 

NOVEDADES:

Desde la empresa presente la comunicación al juzgado del inicio de conversaciones para alcanzar un acuerdo, quedarán suspendidas las ejecuciones sobre los bienes que sean necesarios para que la empresa continúe su actividad (antes esa suspensión sólo se producía tras la declaración de concurso, que tenía lugar mucho tiempo después, y en ocasiones demasiado tarde).

Además, estos acuerdos se protegen de manera especial. Antes existía el riesgo de que, si la empresa acababa en concurso, el juez anulara los mismos, lo que dificultaba que se firmaran por algunos acreedores. La nueva ley establece que dichos acuerdos NO se podrán anular si se formalizan en escritura y cumplen estos requisitos:

1º/ Que gracias al acuerdo se produzca un aumento significativo del crédito disponible, o una prórroga de los plazos de vencimiento.

2º/ Que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita continuar la actividad de la empresa.

3º/ Que sea aceptado por acreedores que representen al menos 3/5 partes del pasivo, y el auditor de la empresa (o si no tiene, el designado por el registro Mercantil) certifique que se cumple esa mayoría.

 

Además, para las nuevas inyecciones de dinero que reciba la empresa gracias a un acuerdo de refinanciación,  existe una ventaja adicional para los acreedores, que se mantendrá hasta MARZO DE 2016:

Los préstamos que reciba la empresa como consecuencia de la refinanciación quedarán fuera de las deudas afectadas por el concurso, pasado a considerarse créditos contra la masa, y serán los primeros en pagarse (hasta ahora sólo pasaba con el 50% de las  nuevas inyecciones de dinero). También serán créditos contra la masa los nuevos préstamos que realicen las personas “especialmente relacionadas” con la empresa (por ejemplo, su administrador o los socios que tengan al menos un 10%). De esta forma los socios también pueden “apostar” por la viabilidad de la empresa sin verse perjudicados por ello.

 

Por último destacamos que en la nueva norma se modifica el Régimen de la  Administración Concursal:

1º/ Se establecen un nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal, para asegurar que las personas que desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y conocimientos suficientes. Destaca como novedad la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una SECCIÓN CUARTA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES Y AUXILIARES DELEGADOS en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dispuestas a ejercer sus labores de administración concursal.

2º/ Se reforma el sistema de designación de la administración concursal, cuyo funcionamiento será desarrollado mediante reglamento. Se establecen como pilares del nuevo sistema la SECCIÓN CUARTA DEL REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados y la clasificación de los concursos en función de su tamaño.

3º/ Se reforman los principios rectores de la remuneración de la administración concursal, incorporando el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo, de modo que el arancel no solo sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal.

¿A QUIÉN CORRESPONDE LA CARGA DE RECOGER Y ENTREGAR A LOS HIJOS SI LOS PADRES RESIDEN EN DISTINTOS MUNICIPIOS?

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SISTEMA NORMAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA RECOGIDAS Y ENTREGAS DE LOS HIJOS, CUANDO LOS PADRES RESIDAN EN MUNICIPIOS DISTINTOS Y ALEJADOS: SERÁ REPARTIDO EQUITATIVAMENTE Y EN BENEFICIO DEL MENOR.

El Tribunal Supremo  fija doctrina jurisprudencial en su reciente Sentencia de 26 de Mayo de 2014 sobre cuál de los progenitores es el obligado a recoger y retornar al menor del domicilio  (cuando residan a cierta distancia): Se hará de mutuo acuerdo  siempre que  no perjudique el  interés del menor y en caso de no haber acuerdo fija dos criterios:

a) Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita, y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será el sistema normal o habitual.

b) Subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución judicial.

Estas dos soluciones se establecen como sistema general, no obstante en circunstancias especiales o extraordinarias (largas distancias etc.) la solución deberá ser adoptada en atención al caso concreto.