¿CONOCE LA NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y LOS PROCESOS QUE REGULA?

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Se ha publicado la  Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, con novedades importantes que recogemos a continuación:

 

1º Se separa claramente la jurisdicción voluntaria –aquélla en la que no existe litigio u oposición entre las partes- de la regulación procesal común, simplificando su tramitación y regulando las normas específicas para la tramitación de los expedientes de esta naturaleza, cuyo conocimiento se atribuye al Juez o al Secretario judicial.

 

2º También se opta por atribuir el conocimiento de un gran número de procesos de la jurisdicción voluntaria a otros operadores jurídicos, sin potestad jurisdiccional, como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por ser funcionarios públicos y por las funciones que desempeñan: los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el mercantil, en concreto en sociedades.

Hay una separación clara entre los expedientes de jurisdicción voluntaria atribuidos a los Juzgados y los atribuidos a los Notarios y Registradores de la Propiedad: tan sólo se regulan en esta norma los expedientes o actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial. Para los actos o expedientes atribuidos a Notarios y Registradores hay que acudir  respectivamente en la legislación notarial e hipotecaria. A tal efecto, las disposiciones finales de la presente Ley introducen las modificaciones correspondientes en todas esas normas.

 

3º Los principales actos de jurisdicción voluntaria asignados a los Notarios son, entre otros:

– El matrimonio Civil. Casarse ante notario será una opción más a partir de junio de 2017, que también podrá contraerse ante el juez del registro civil o de paz, los secretarios judiciales, los concejales y los alcaldes.

– La separación y Divorcio, siempre que no existan hijos menores a cargo de la pareja.

– El expediente de reclamación de deudas dinerarias no contradichas (sin controversia entre las partes). Permitirá que gran parte de dichos procedimientos se resuelvan sin llegar al órgano jurisdiccional y acortando los plazos actuales. Igualmente se regula la subasta notarial, que será estrictamente electrónica, lo que abaratará y agilizará el procedimiento.

– El Expediente de Conciliación.

– Las Subastas, que serán electrónicas.

– Diversas materias sucesorias.

 

4º Los principales asuntos encomendados a los Registradores mercantiles son, entre otros, la Convocatoria de las juntas generales o de la Asamblea general de obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor (estos procesos se atribuyen a los Secretarios judiciales y a los Registradores Mercantiles).

 

Los ciudadanos dispondrán de la facultad de acudir a diferentes profesionales en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al ámbito judicial. El ciudadano podrá acudir al Secretario judicial, haciendo uso de los medios que la Administración de Justicia pone a su disposición, o al Notario o Registrador, en cuyo caso deberá abonar los aranceles correspondientes.

No obstante, dado que la presente Ley de la Jurisdicción Voluntaria encomienda a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles determinados expedientes en exclusividad, se prevé que los ciudadanos que tengan que acudir a los mismos puedan obtener el derecho de justicia gratuita, para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho que hasta ahora era gratuito.

 

6º A los Secretarios judiciales se les otorga el impulso y la dirección de los expedientes, pudiendo contar para ello con la posibilidad legal de utilizar los servicios comunes de las oficinas judiciales, y se le atribuye la decisión de fondo en algunos expedientes que no impliquen reconocimiento de derechos subjetivos (Ej.: la declaración de ausencia y de fallecimiento y el nombramiento de Defensor Judicial).

 

7º En esta norma se abandona el empleo de los términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por la referencia a las “personas cuya capacidad está modificada judicialmente”, adaptando nuestra normativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

 

8º Se elimina la dispensa matrimonial de edad, al elevarla de 14 a 16 años.

 

PROCESOS MÁS COMUNES SOMETIDOS A ESTA JURISDICCIÓN EN  MATERIA DE PERSONAS Y FAMILIA:

El de obtención la autorización judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial.

El de habilitación para comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial –estos dos se atribuyen al Secretario judicial–.

La adopción.

Las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho.

La concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad.

La adopción de medidas de protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

La obtención de aprobación judicial del consentimiento prestado a las intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen de menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

La autorización judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes o derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, y, por último,

El procedimiento para la constatación de la concurrencia del consentimiento libre y consciente del donante y demás requisitos exigidos para la extracción y trasplante de órganos de un donante vivo. El acogimiento de menores está regulado por separado en previsión de una futura desjudicialización del procedimiento.

La declaración de ausencia y fallecimiento. Prevé como novedad un expediente de carácter colectivo e inmediato, para todas aquellas personas respecto a las que se acredite que se encontraban a bordo de una nave o aeronave cuyo siniestro se haya verificado.

La dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, que hasta ahora correspondía al Ministro de Justicia, y el de parentesco para contraer matrimonio.

La intervención judicial en relación con la adopción de medidas específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad o para el caso de ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.

La intervención judicial para los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales.

 

CUESTIONES PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA:

– La competencia objetiva se atribuye genéricamente a los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, en su caso, pero la designación del sujeto a quien corresponde la resolución dentro del órgano se determina en las normas particulares de cada expediente (ver norma).

– Se deja el carácter preceptivo de la intervención de Abogado y Procurador a cada caso concreto, sin norma general.

– Los gastos ocasionados por un expediente de jurisdicción voluntaria serán de cuenta del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.

– Salvo que la Ley expresamente lo prevea, la formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto.

– El calendario de entrada en vigor de la norma es el siguiente:

Con carácter general, la presente Ley entró en vigor el pasado 23 de julio de 2015.

El 30 de junio de 2017 entrarán en vigor las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil; las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, y las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio.

El 15 de octubre de 2015 entrarán en vigor las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VIII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que establecen el régimen de las subastas notariales.

Las disposiciones reguladoras de la adopción entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia.

 

PUBLICADO EL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

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Con fecha 20 de junio de 2015 se ha publicado en el BOE el Reglamento de las Empresas de Trabajo Temporal, norma que regula el funcionamiento de las ETT, adecuando su contenido a los recientes cambios introducidos en la ley (principalmente por la Ley 18/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia), y para implantar la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de empresas de trabajo temporal.

 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES:

1/ La autorización administrativa de las Empresas de Trabajo Temporal tendrá eficacia en todo el territorio nacional, y se concede sin límite de duración temporal (antes debía ser renovada). El plazo de la administración para responder a la solicitud será de UN MES (antes tres meses), de modo que si transcurre un mes sin resolución expresa,  la autorización se entenderá concedida por silencio administrativo positivo. (Capítulo II)

2/ Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a constituir una garantía financiera para responder frente a posibles incumplimientos de sus obligaciones salariales,  indemnizatorias con sus trabajadores y del pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Se contienen las reglas de aplicación para la determinación de su cuantía, así como las exigencias que deben ser observadas tanto para la ejecución de la garantía como para su liberación (Capítulo III)

3/ Se crea por primera vez una base de datos central de Empresas de Trabajo Temporal, dependiente de  la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tendrá información centralizada de todas las ETT autorizadas en España y de sus principales datos de actividad, incorporando parte de la información existente en los Registros autonómicos de Empresas de Trabajo Temporal, en concreto, los siguientes datos:

–       Identificación de la empresa.

–       Autorización para el desarrollo de la actividad de empresa de trabajo temporal, para su reanudación, y los casos de suspensión o cese de actividades.

–       Domicilio social de la empresa y domicilio de los centros de trabajo, y sus cambios.

–       Relaciones de los contratos de puesta a disposición celebrados entre ETT y empresas usuarias.

Todos los datos incorporados a la base central serán de acceso público, excepto las relaciones de los contratos de puesta a disposición, que sólo serán accesibles para las autoridades laborales.

 

Los capítulos V (Contrato de puesta a disposición), art. 15, y VI (Contrato de trabajo), art. 16, están referidos a los requisitos formales y al contenido de, respectivamente, el contrato de puesta a disposición y el contrato de trabajo entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador.

 

LOS JÓVENES ENTRE 25 Y 30 AÑOS PODRÁN ACCEDER AL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

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De conformidad con lo dispuesto en la disposición final duodécima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, comentada en el artículo anterior de este Blog:

Se amplía la edad máxima de acceso al SISTEMA NACIONAL DE LA GARANTÍA JUVENIL a los mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los requisitos recogidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre , de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dado que la tasa de desempleo para este colectivo se situó en 29,77 puntos de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014.

El ingreso en este Sistema permite obtener bonificaciones para la contratación de jóvenes trabajadores para trabajos no cualificados, para la contratación en prácticas  y para becarios, facilitando su inserción laboral.

(Consulte los anteriores artículos del BLOG sobre este tema, publicados el 8-9-14:  SI ERES JOVEN Y NO TIENES TRABAJO NI CURSAS ESTUDIOS INSCRÍBETE EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, y el 10-11-14: ¿CONOCE EL “SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL” y EL NUEVO TIPO REDUCIDO DE IRPF PARA PROFESIONALES CON BAJOS INGRESOS?)

 

LA NUEVA LEY DE “SEGUNDA OPORTUNIDAD” FLEXIBILIZA EL ACCESO A LA EXONERACIÓN DE LAS DEUDAS DE LAS PERSONAS NATURALES.

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El pasado mes de febrero se publicó el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, por el que se reformaba entre otras la Ley Concursal regulando las llamadas “medidas de segunda oportunidad”, incluyendo la posibilidad de que las personas físicas o naturales fueran exoneradas de sus deudas, cumpliendo una serie de requisitos recogidos en el art. 178 bis de la Ley Concursal (ver BLOG de 01-06-15: ¿Puede una persona física ser exonerada de sus deudas?).

Se trata de un procedimiento extrajudicial mediante el que el deudor puede negociar el pago de la deuda con sus acreedores, y conseguir quitas, ayudado por la figura del Mediador Concursal (no obstante los créditos de derecho público –Agencia Tributaria por ejemplo- no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque sí podrán aplazarse y fraccionarse, y los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo si así lo deciden los acreedores), al que se podrá acoger cualquier persona física (particulares y autónomos), que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, si su deuda no supera los cinco millones de euros.

 

Con fecha 29 de julio ha entrado en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que reproduce el contenido del anterior Real Decreto Ley 1/15 en lo relativo a las medidas de segunda oportunidad, con algunos cambios que facilitan el acceso al beneficio de exoneración y su concesión definitiva, aunque el proceso sigue siendo complejo y laborioso.

 

CAMBIOS EN ART. 178 BIS DE LA LEY CONCURSAL:

 

1º/ Se modifica el artículo 178 BIS, apartado 3-1º (requisitos para ser considerado deudor de buena fe),  en los siguientes términos:

Se permite que el concurso de acreedores haya sido declarado culpable (antes no), si lo ha sido por aplicación del artículo 165.1.1º (cuando se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso), en cuyo caso el juez podrá conceder el beneficio de exoneración de la deuda atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

 

2º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado 3-5º-v (que recoge las obligaciones del deudor para el caso de que no haya pagado en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios), añadiendo que  el deudor deberá aceptar que la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se haga constar en la sección especial del Registro Público Concursal  por un plazo de cinco años, y regulando el acceso público a esta sección, de modo que únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal.

 

3º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado 5, que prevé que quedarán a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado, añadiendo como novedad que tampoco podrán subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida.

 

4º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado  7 , que prevé que cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados, añadiendo que se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se añade también como causa de revocación del beneficio de exoneración el supuesto de que  mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

 

5º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado  8, que prevé que transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso (en la norma anterior el plazo era de cinco años).

También se dictará el citado auto en los casos en que no se hubiera cumplido el plan de pagos en su integridad, siempre que el deudor hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio, que no tuviesen la consideración de inembargables, o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.

 

NUEVA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

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El pasado 23 de julio entró en vigor la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo objetivo es adaptar el sistema de organización de la Inspección de Trabajo (ITSS) a las modificaciones normativas que se han venido aprobando y establecer una mejor coordinación de las diferentes Administraciones autonómicas intervinientes, al tener éstas transferidas las competencias sobre la ejecución de gran parte de la legislación laboral.

También se modifica la estructura del sistema de inspección de trabajo, con recursos personales más especializados.

 

NOVEDADES DESTACABLES EN LA ESTRUCTURA DE LA ITSS:

-Se crea el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configurándolo como ORGANISMO AUTÓNOMO, situando los servicios de inspección en el ámbito de la denominada Administración Institucional (sus Estatutos se han de aprobar y publicar en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley).

-La presencia de las Comunidades Autónomas en el Sistema de ITSS se refuerza a través de la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el cargo designado por cada gobierno autonómico, a quien la ley le encomienda el impulso, propuesta y supervisión de las actuaciones inspectoras respecto de las competencias autonómicas en su territorio. También se establecen mecanismos de cooperación más ágiles y ejecutivos.

-Se crea el Consejo General, en el que están representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que sustituye a la actual Comisión Consultiva Tripartita de la ITSS.

-Se prevé la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la ITSS para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

-Tanto los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social como los del Cuerpo de Subinspectores Laborales tienen el carácter de Cuerpos Nacionales.

El Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social pasa a denominarse Cuerpo de Subinspectores Laborales, y se profundiza en la especialización de estos funcionarios a través de la creación de dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales:

a) Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores.

Para el ingreso en esta Escala será necesario disponer de título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias sociales y jurídicas, a partir de enero de 2019.

b) Escala nueva de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permite ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia.

Para el ingreso en esta Escala será necesario disponer de título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la salud, o ingeniería y arquitectura.

Las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de trabajo en materia preventiva, que actualmente desarrollaban los Inspectores de Trabajo, pasan a ser desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un Inspector, tal como sucede en materia de Empleo y Seguridad Social.

 

OTRAS NOVEDADES EN LA ACTUACIÓN INSPECTORA:

-El artículo 13 de la LITSS cita expresamente que el inspector no solo ha de hacerse acompañar en las visitas de inspección de los trabajadores o sus representantes, sino también por el empresario o su representante.

-El artículo 16.8 establece que los hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular, que se comuniquen a la ITSS por funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad, puedan ser aducidos válidamente como prueba por la Inspección en la esfera de su propio procedimiento.

-Se prevé que la actuación de la ITSS responda a unos mismos criterios técnicos e Instrucciones en todo el Estado, garantizando la homogeneidad normativa, de manera que no se introduzcan por esta vía diferencias territoriales.