¿ESTÁ EXENTO DE IVA EL ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA A UNA SOCIEDAD PARA SU USO POR LOS EMPLEADOS?

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El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha cambiado el criterio que tenía hasta ahora Hacienda, y en una reciente Resolución ha establecido que el arrendamiento de una vivienda a una sociedad estará exento de IVA con solo especificar en el contrato de arrendamiento la persona usuaria última del inmueble  y se prohíba la posibilidad de cederla o subarrendarla.

 

En ocasiones una sociedad alquila una vivienda para que residan allí directivos o empleados suyos. Pero en estos casos posiblemente le surja la duda de si debe emitir factura con o sin IVA, es decir, si tales arrendamientos están o no exentos del IVA.

Recordemos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.23ª de la Ley del IVA, los arrendamientos de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas están exentos del IVA.

 

El arrendamiento de vivienda a sociedad ¿está exento de IVA?

Como hemos señalado, en general el arrendamiento de edificios destinados a vivienda está exento de IVA. No obstante, hasta la fecha el criterio que seguía Hacienda en este caso era otro, y exigía que se repercutiese IVA si quien alquilaba la vivienda era una empresa (aun en el caso de que esa empresa cediese la vivienda a uno de sus empleados).

Considera Hacienda que cuando una sociedad  arrienda una vivienda, y posteriormente la destina a alojamiento de sus empleados, estaría realizando un subarriendo del inmueble, por lo que la operación no estaría exenta de IVA. Hay que recordar que el citado artículo 20.Uno.23º de la Ley del IVA dispone que la exención no se extenderá a los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados.

Por tanto, Hacienda consideraba que el alquiler estaba exento de IVA sólo si era el propio arrendatario quien lo destinaba a su propia vivienda (lo que no sucedía cuando quien alquilaba era una sociedad).

 

Cambio de criterio del TEAC

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha cambiado este criterio, y en una reciente Resolución  de 15-12-2016 resuelve la cuestión consistente en determinar si procede o no la aplicación de la exención regulada en el art. 20.Uno.23º de la ley del IVA a los arrendamientos de viviendas en los que el arrendatario es una persona jurídica o sociedad, que va a destinar las mismas al alojamiento de sus trabajadores, con la particularidad de que de manera concreta y específica, en el propio contrato de arrendamiento, figura ya la persona o personas usuarias últimas del inmueble, de manera que se impide el subarrendamiento o cesión posterior a personas ajenas a aquellas designadas en dicho contrato de arrendamiento.

Pues bien, el TEAC establece que  dicho subarriendo sólo impedirá la exención del IVA, en el caso de que sea posterior al contrato de arrendamiento suscrito por la sociedad. Por el contrario, si en el propio contrato de arrendamiento la entidad arrendataria establece quiénes serán las personas que ocuparan el inmueble para destinarlo a su vivienda, el arrendamiento sí estará exento de IVA.

 

Revisión de contratos de arrendamiento

Por tanto, para poder aplicar la exención del IVA en el contrato se debe reflejar expresamente la persona que utilizará el inmueble como su vivienda habitual. El objetivo es impedir la cesión a distintas personas de manera discontinua o por periodos inferiores al fijado en el contrato de arrendamiento.

Atención. Precisa el TEAC que deberán figurar en el contrato de arrendamiento que suscribe la entidad los nombres de los ocupantes de la vivienda, no pudiendo relegarse su designación para un momento posterior. Si fuera así, se estaría subarrendando la vivienda y por tanto se perdería la exención en IVA.

Por tanto, a la hora de llevar a cabo este tipo de arrendamientos es fundamental redactar un buen contrato de arrendamiento donde se haga constar las personas o usuarios que serán del inmueble, el plazo durante el cual lo utilizarán y la exclusividad para el uso como vivienda (impidiendo la utilización por ninguna otra persona física y el desarrollo de actividades profesionales o empresariales-), para que de esta forma la Administración considere que el alquiler de la vivienda está exento del IVA.

Atención. Tanto los arrendadores como arrendatarios, deberían revisar la situación de los arrendamientos de vivienda para empleados, suscritos o por suscribir.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ADMINISTRADORES/AS Y DIRECTIVOS/AS

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La regulación actual de las Sociedades mercantiles (Ley de Sociedades de Capital y Código Penal), es especialmente exigente con los administradores y directivos de  las mismas. Éstos y éstas se pueden encontrar en la tesitura de tener que hacer frente a demandas contra su persona que pongan en peligro su patrimonio personal o incluso la viabilidad de la empresa que dirigen. Ante esta situación surge la necesidad de protegerse. Una solución ante esta situación es la de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (conocido como póliza “D & O”).

 

No cabe duda que la regulación actual de las Sociedades Mercantiles, es especialmente exigente con los administradores y directivos de  las mismas. El entorno en el que los Consejeros/as, administradores/as y directivos/as adoptan sus decisiones diarias es cada vez más complejo y dinámico. El nuevo marco normativo endurece su responsabilidad civil (Ley de Sociedades de Capital) y penal (Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal).

Esta normativa establece una responsabilidad solidaria de todos los administradores que participen en la adopción de un acuerdo perjudicial para el patrimonio empresarial, de socios o de terceros. Además, imponen la asunción como propias de las obligaciones sociales incumplidas por no promover la disolución de una empresa a su debido tiempo tal y como dispone la ley, y sancionan con la inhabilitación del cargo y la pérdida de derechos acreedores como consecuencia de una acción de responsabilidad concursal. Y sin olvidarnos que penalizan por la mera omisión de medidas de vigilancia y la no implementación de programas de prevención y detección de riesgos laborales.

 

Ante esta situación surge la necesidad de proteger incluso el patrimonio de las personas que toman decisiones diariamente en cualquier empresa. Una solución ante esta nueva situación de estos órganos sociales es la de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (conocidos como “pólizas D & O”).

Se trata de un contrato por el que el asegurador se obliga a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del administrador o directivo de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho relativo a su actuación como tal y de cuyas consecuencias es civilmente responsable. Es decir, es un seguro que cubre la responsabilidad Civil de Consejeros y directivos exonerando su patrimonio personal por reclamaciones de terceros derivadas de actos incorrectos en el ejercicio del cargo.

Recuerde que este tipo de seguros:

  • Protege el patrimonio personal de las personas físicas. No es un seguro para la empresa, aunque está sea el tomador habitual.
  • Únicamente responde de perjuicios financieros, no cubre daños corporales ni materiales.

Habitualmente garantizan los gastos de defensa (incluidas las costas procesales), de investigación así como las indemnizaciones debidas como consecuencia de reclamaciones de terceros presentadas durante el periodo de vigencia del seguro. Igualmente, siempre y cuando la propia sociedad figure como asegurada, asumen como cobertura básica el reembolso a la sociedad de la indemnización que ésta hubiera abonado al directivo o administrador.

Por ello, en el momento de contratar una póliza de seguro D&O, o al revisar las pólizas ya contratadas, es importante que las mismas sean adecuadas a las necesidades y características de la sociedad y de los asegurados, y analizar que riesgos cubre y sus efectos.

 

NUEVAS LÍNEAS ICO: EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2017

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Si su empresa tiene previsto solicitar financiación, sepa que ya están disponibles las nuevas líneas ICO para 2017. Se siguen financiando necesidades de liquidez e inversiones (línea “Empresas y Emprendedores”), y hay una línea específica (“Crédito Comercial”) para anticipar facturas por ventas realizadas en España.  Asimismo, existen líneas para financiar a las empresas que operan en el exterior.

 

Si su empresa tiene previsto solicitar financiación, sepa que ya están disponibles las nuevas líneas ICO para 2017. Se siguen financiando necesidades de liquidez e inversiones (línea “Empresas y Emprendedores”), y hay una línea específica (“Crédito Comercial”) para anticipar facturas por ventas realizadas en España.  Asimismo, existen líneas para financiar a las empresas que operan en el exterior.

 

ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2017

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten liquidez.

También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y comunidades de propietarios exclusivamente para la rehabilitación de sus viviendas.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito.

Condiciones:

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones.

Conceptos financiables:

  • Liquidez
  • Inversiones dentro del territorio nacional:
    • Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido).
    • Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA.
    • Adquisición de empresas.
    • Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta modalidad de inversión.
    • Rehabilitación de viviendas y edificios.

Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito según el plazo de amortización.

Plazo de amortización y carencia:

  • Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 año de carencia.
  • Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia.

Comisiones: la Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada.

Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación salvo aval de SGR/SAECA.

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 15 de diciembre de 2017.

 

 

ICO GARANTÍA SGR/SAECA 2017

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realicen inversiones productivas en España o fuera del territorio nacional y/o quieran cubrir sus necesidades de liquidez.

La empresa que solicite financiación para realizar una inversión fuera de España ha de tener domicilio en España o al menos un 30% de capital de empresa española.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito, en las Sociedades de Garantía Recíproca (www.cesgar.es) o en SAECA.

Condiciones:

Importe máximo por cliente: hasta 2 millones de euros en una o varias operaciones.

Conceptos financiables:

  • Liquidez
  • Inversiones productivas dentro y fuera del territorio nacional:
    • Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido).
    • Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA.
    • Adquisición de empresas.
    • Creación de empresas en el extranjero.
    • Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta modalidad de inversión.

Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito según el plazo de amortización.

Plazo de amortización y carencia:

  • Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 con la posibilidad de 1 año de carencia.
  • Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 15 años, con hasta 2 años de carencia.

Comisiones: la SGR/SAECA podrá cobrar una comisión de estudio de hasta 0,5% sobre el importe avalado. Adicionalmente, la SGR podrá cobrará una cuota social mutualista de hasta el 4% sobre el importe avalado. Además, la Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación y, en su caso, la de amortización anticipada.

Garantías: la Entidad de Crédito, la SGR o SAECA realizarán un análisis de cada solicitud y, en función de la solvencia del solicitante y de la viabilidad, determinarán las garantías a aportar.

Vigencia: se podrán formalizar con cargo a esta Línea hasta el día 15 de diciembre de 2017.

 

ICO CRÉDITO COMERCIAL 2017

Financiación orientada a autónomos y empresas con domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del territorio nacional o cubrir los costes previos de producción y elaboración de los bienes objeto de venta en España.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de crédito.

Condiciones:

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y año, en una o varias operaciones.

Modalidad de la operación: tipo de contrato de financiación que acuerden el cliente y la Entidad de Crédito.

Tipo de interés: tipo Variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito.

Comisiones: la Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada.

Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación.

Vigencia: se podrán formalizar operaciones con la Entidad de Crédito hasta el 15 de diciembre de 2017.

GUÍA 2017 DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS BONIFICACIONES

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Le ayudamos a analizar toda la normativa vigente para que conozca todas las modalidades de contratos 2017 y pueda aprovechar las bonificaciones y reducciones existentes en materia de contratación laboral.  Si su empresa o negocio tiene previsto contratar a nuevos trabajadores, o usted mismo va a ser contratado o contratada, compruebe qué modalidad de trabajo le conviene más y si la empresa puede acogerse a algún tipo de incentivo en las cotizaciones a la Seguridad Social.

 

Como ya sabrá, actualmente existen cuatro modelos de contratos (indefinido, temporal, para la formación y el aprendizaje y en prácticas), con sus características, y con sus cláusulas específicas que pueden presentar cada uno de ellos, en función de las peculiaridades del trabajador y/o del empresario, así como sus incentivos o bonificaciones. como por ejemplo: contrato para emprendedores, garantía juvenil, servicio del hogar familiar, alta dirección, personas en riesgo de exclusión social, trabajo en grupo, discapacitados, centros especiales de empleo, obra, interinidad, eventual, relevo, etc.

Es muy importante que también conozca todos los casos en los que puede encontrar incentivos y bonificaciones, que abaratarán sus gastos mensuales en la contratación de personal.

En este sentido, les informamos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado dos importantes guías actualizadas para 2017: la de Contratos de trabajo y la de Bonificaciones y reducciones a la contratación:

 

  • Puede descargar la “Guía general de los Contratos de Trabajo 2017” pulsando este enlace:

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf

  • Puede descargar la  “Guía de bonificaciones y reducciones a la contratación 2017” pulsando en este enlace:

 http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

 

¿Qué contrato tengo que firmar?

Si su empresa necesita contratar a un trabajador y no tiene claro qué tipo de contrato debe firmar con él, nosotros le podemos asesorar. Recuerde que:

  • Las características de su empresa son fundamentales para decidirte por una modalidad u otra. No es lo mismo una microempresa con menos de 10 trabajadores, una pyme con decenas de empleados o una gran compañía con centenares de ellos.
  • Tampoco es indiferente la vida laboral de su empresa: si ha tenido que afrontar algún tipo de regulación, su nivel de empleo o si está creando nuevos puestos de trabajo.
  • Que la persona que necesite contratar sea joven, sin experiencia o formación, pertenezca a colectivos sociales determinados o esté inscrito como demandante de empleo también son aspectos a estudiar para decidir qué contrato formalizar.
  • Verifique si puede acogerse a algún incentivo (reducciones y bonificaciones) en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Estos factores pueden limitarle a la hora de escoger un tipo u otro de contrato, ya que en algunos casos las condiciones serán mucho más ventajosas que en otros.

 

Las cláusulas del contrato

Esta parte es fundamental para ver cuáles son las condiciones de trabajo a las que está sometido el trabajador. Sería conveniente que toda la información fuese lo más concreta posible, a fin de evitar que puedan existir varias interpretaciones o dudas sobre el contrato.

Los contenidos que tienen que venir claros en estas cláusulas deben ser:

  • Puesto que se ocupa/Categoría/Grupo profesional: Esta información es fundamental a la hora de saber que funciones tienen que realizar el trabajador y va a influir directamente sobre el salario a percibir, indicado en las tablas de los Convenios Colectivos.
  • Centro de Trabajo: Es importante que venga indicado, ya que muchas veces el trabajador no presta servicios en las oficinas centrales de la empresa. De esta forma se puede ver si el trabajador tiene adscrito un centro concreto o es un trabajador con un centro de trabajo móvil o itinerante, y sirve de referencia para los procedimientos de movilidad geográfica. También debe indicarse si el trabajador puede trabajar, aun parcialmente, desde su domicilio.
  • Jornada: Tiene que venir claramente identificado si se realiza una jornada a tiempo parcial o a tiempo completo. Si es a tiempo parcial tiene que ponerse el número de horas, indicándolo diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente, y para saber el porcentaje de parcialidad que se realiza tiene que indicarse cuantas horas son la jornada completa (la jornada máxima es de 40 horas semanales, pero por convenio puede ser inferior). Además tiene que indicarse los días de la semana que se puede trabajar, si es de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo… La actividad de la empresa influirá mucho en esta distribución.
  • Inicio y periodo de prueba: Tiene que venir indicado el día que se inicia la relación laboral, que suele coincidir con el día que se firma el contrato. Además tiene que venir indicado el periodo de prueba, aunque muchas veces se hace referencia genérica al establecido en el Convenio Colectivo.
  • Motivo y fin del contrato en caso de los contratos temporales: Los contratos temporales se pueden hacer únicamente en algunos casos, y se tiene que indicar exactamente el motivo. De esta forma o se indica la fecha final del contrato o se indica en qué momento se finalizará el contrato en el caso de ser indeterminado el fin.
  • Retribución: tiene que venir indicada cual será la retribución, si bien en muchos casos se hace una referencia genérica al Convenio Colectivo. Puede venir indicado a nivel mensual o anual, y si las pagas extra están o no prorrateadas, en el caso de que puedan ser prorrateadas. La retribución establecida en contrato puede mejorar la establecida en el Convenio.
  • Vacaciones: se establecerán cuantos días se tienen de vacaciones. Suelen ser 30 días naturales o 22 días laborales. El contrato puede mejorar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio.
  • Bonificaciones: en muchos contratos vienen indicadas las bonificaciones que tienen en las contrataciones de los trabajadores.
  • Convenio Colectivo aplicable: tiene que venir indicado para que el trabajador sepa que normas le son de aplicación y cuáles son sus derechos y obligaciones. Pero en muchos contratos, no viene indicado, a pesar de que el propio contrato remita al Convenio.

Atención. Es primordial que revise los tipos de contratos que emplea en su empresa (o que vaya a contratar en un futuro) y si ya han sido actualizados, y que escoja el que mejor se adapte a sus necesidades.

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR A LOS BANCOS LA DEVOLUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS SUELO INDEBIDAS

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Desde el 21 de enero de 2017, y tras la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, los afectados por las mismas ya cuentan con un cauce extrajudicial para resolver, de forma sencilla, rápida y gratuita, sus reclamaciones derivadas de las últimas sentencias judiciales, como la de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque la vía judicial siempre está abierta, se trata de evitar el colapso de los Tribunales y permitir que todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor.

 

Como ya sabrá por diferentes medios de comunicación, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero -publicado en el BOE de 21 de enero de 2017 y en vigor el mismo día de su publicación-, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establece una serie de medidas (como consecuencia de la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las que ya informamos en su día, y que establece la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo opacas de los contratos hipotecarios, y no sólo desde la Sentencia del 9 de mayo de 2013 de Tribunal Supremo) que tienen por objeto facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

En él se establece un cauce extrajudicial para resolver, de forma sencilla, rápida y gratuita, las reclamaciones de los consumidores. El procedimiento será obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente, y ésta tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones.

 

Le explicamos a continuación los puntos más relevantes que establece la norma:

 

1/ Las medidas previstas en la norma se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

Atención. Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. En consecuencia “la persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. Son también consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Por tanto, sólo pueden acogerse a la norma consumidores y únicamente en relación con las cláusulas suelo. Empresarios o autónomos que hayan concertado el préstamo para su negocio no pueden acogerse al mismo.

La norma habilita al Gobierno para regular la extensión del ámbito de aplicación a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria (como por ejemplo, podría ser el caso de los fiadores).

2/ El procedimiento extrajudicial es voluntario para el consumidor y obligatorio para los bancos cuando lo solicite el cliente. Las entidades financieras tendrán un mes para poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con este procedimiento extrajudicial (concluye el 21 de febrero de 2017). Sin embargo, las reclamaciones pueden presentarse ya.

Atención.  Los bancos deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, la información que se detalla, relacionada con la efectiva ejecución de esta norma. No incluye la obligación de tener un modelo de formulario. Deberán disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas. Deben garantizar que este sistema es conocido por todos los consumidores con cláusulas suelo en sus contratos. También informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Y comunicarán a la Agencia Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.

3/ Se inicia esta vía cuando el consumidor presente la reclamación a su entidad de crédito. Así pues, las entidades de crédito no están obligadas a proponerlo. Tendrá carácter gratuito entre el banco y el consumidor.

Una vez recibida la reclamación, la entidad puede aceptarla o no (en el caso de no admitirla la única vía posible es la vía judicial). Si la admite, deberá remitir al consumidor el cálculo del dinero a devolver, que incluye la cantidad pagada de más por la cláusula suelo más los intereses legales de demora que correspondan.

4/ El consumidor tiene que manifestar si está de acuerdo con la propuesta del banco. Si no está de acuerdo, el cliente podrá acudir a la justicia.

5/ Por defecto, la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo será en efectivo, pero existen otras posibilidades, como que el cliente y el banco renegocien las condiciones de la hipoteca reduciendo la cuota mensual en un tanto por ciento o amortizando capital.

Si prefiere la devolución en efectivo, el banco se lo tendrá que abonar en un plazo máximo de tres meses desde la reclamación inicial. Si las partes acuerdan otra fórmula, la aceptación por parte del cliente será manuscrita tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. Para ello tiene 15 días.

6/ Aunque el consumidor haya terminado de pagar su hipoteca, puede acogerse al procedimiento extrajudicial para recuperar el dinero pagado de más en su momento siempre que no haya prescrito la acción.

7/ Si ya se ha iniciado el procedimiento judicial, pero todavía no ha sido resuelto, el consumidor puede acogerse al procedimiento extrajudicial. En ese caso ambas partes pueden solicitar la suspensión del procedimiento judicial.

8/ Si el consumidor inicia el procedimiento judicial al no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, el banco será condenado a pagar las costas. Si el cliente va directamente a los juzgados y la entidad de crédito se allana antes del trámite de contestación a la demanda, la entidad no será condenada en costas: cada parte asumirá su parte de los gastos judiciales.

9/ Se prevé una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de los acuerdos a que puedan llegar las partes como consecuencia de este procedimiento extrajudicial.

10/ Respecto a la tributación de las cantidades percibidas, nos remitimos a lo expuesto en nuestro artículo de 30 de enero (https://www.estudio-juridico-gasset-64.es/como-tributan-en-el-irpf-las-cantidades-percibidas-por-devolucion-de-las-clausulas-suelo/)

 

NUEVOS DERECHOS DE LOS SOCIOS MINORITARIOS ANTE EL IMPAGO DE DIVIDENDOS

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Desde el 1 de enero de 2017, los socios minoritarios de las sociedades mercantiles no cotizadas tienen derecho a que la empresa les compre las acciones a un precio razonable si durante 3 años no reparte dividendos.

 

En 2011 se introdujo una reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en la que se establecía un derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de un dividendo mínimo por las sociedades siempre que se cumplieran determinados requisitos. Posteriormente se suspendió la aplicación de este derecho que regula la separación de los socios minoritarios como consecuencia de la falta de distribución de dividendos, primero hasta el 31 de diciembre de 2014, y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Pues bien, a falta de una nueva prórroga en los últimos meses (y parece que el Gobierno no tiene intención de prorrogarlo de nuevo), desde el 1 de enero de 2017 ha entrado  en vigor este derecho que trata de proteger a los socios minoritarios en los supuestos en los que las sociedades no reparten beneficio alguno, y si bien la norma no obliga a dicho reparto, el no hacerlo puede tener un mayor coste económico para las empresas en la medida que se otorga el derecho de separación del socio que vote a favor del acuerdo de distribución, lo que significa el derecho a recibir de la sociedad el valor razonable o de mercado de sus acciones o participaciones.

 

Derecho de separación: la sociedad debe comprar las acciones del socio minoritario si no paga dividendos

Una vez ejercido el derecho de separación, el socio puede exigir que la sociedad le pague el valor razonable de la participación. Si no existe acuerdo entre las partes sobre su valor, o sobre quién haya de valorarlas o sobre el procedimiento de valoración, habrá que seguir el procedimiento del artículo 353 y subsiguientes de la LSC para el resto de los supuestos de separación o exclusión de socios. En este procedimiento se establece que las acciones o participaciones “serán valoradas por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración”.       

El derecho de separación por no reparto de dividendos que se otorga a los socios de sociedades anónimas no cotizadas y sociedades limitadas en aras a la protección de la minoría, viene regulado en el artículo 348 Bis de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

El propósito de este derecho es evitar que el derecho del socio a las ganancias sociales se vulnerara frontalmente si, año tras año, la junta general, a pesar de existir beneficios, acuerda no repartirlos.

Por tanto, las empresas deben ser conscientes de que, en las Juntas Generales de 2017, los accionistas pueden ejercer este derecho, lo que generará tensiones o problemas de liquidez, que deberán estar previstos en las cuentas.

 

LAS EMPRESAS PUEDEN ENTREGAR A SUS TRABAJADORES LAS NÓMINAS EN SOPORTE INFORMÁTICO

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La entrega al trabajador del recibo individual justificativo del pago del salario debe hacerse en el modelo correspondiente, pero no se establece en qué soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario decidir el cambio de formato (de papel a digital) unilateralmente, aun cuando contravenga la práctica seguida hasta el momento en la empresa. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en su sentencia de 01-12-2016 que unifica  criterio, y modifica la doctrina al respecto de otras sentencias, donde defendía que la previsión legal era la entrega material en soporte papel de las nóminas.

 

Queremos informarles  de que recientemente el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de diciembre de 2016 (recurso de casación para la unificación de doctrina), entiende que la entrega al trabajador del recibo individual justificativo del pago del salario debe hacerse en el modelo correspondiente, pero no se establece en qué soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario decidir el cambio de formato (de papel a digital) unilateralmente, aun cuando contravenga la práctica seguida hasta el momento en la empresa.

Aun siendo una cuestión que se podría calificar de menor, lo cierto es que el soporte en que se documente el recibo de salarios tiene gran trascendencia, pues a través de su digitalización se está incidiendo directamente en la disponibilidad del documento por parte del trabajador, de tal forma que se ven afectados ámbitos tales como el probatorio o el de comprobación de las liquidaciones y descuentos efectuados por el empresario a la hora de su emisión.

Hay que recordar que el artículo 29.1, párrafo tercero del Estatuto de los Trabajadores dispone que:

«La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan».

 

Cambio de criterio del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo modifica la doctrina al respecto que plasmó en una sentencia de 22 de diciembre de 2011 (recurso núm. 3/2011), referida a la empresa Air Europa, donde defendía que la previsión legal era la entrega material en soporte papel de las nóminas. El Supremo explica que ha cambiado el criterio “a la vista del tiempo transcurrido desde que se dictó la misma y de la generalización de la utilización del soporte informático en lugar del soporte papel para almacenar y comunicar datos, documentos, decisiones…utilizado profusamente tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública”.

El Supremo, indica que “ninguna de las normas cuya infracción denuncia el recurrente contiene exigencia alguna respecto al formato en el que ha de entregarse las nóminas a los trabajadores”. Es decir, se exige la entrega al trabajador de recibo individual justificativo del pago del salario, en el modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo, pero no se establece el soporte en el que ha de entregarse dicho recibo.

El tribunal añade que podría parecer que se exige que la entrega haya de realizarse en soporte papel, al disponer el artículo 2 de la Orden de 27 de diciembre de 1994: “El recibo de salarios será firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle en moneda de curso legal o mediante cheque o talón bancario, las cantidades resultantes de la liquidación. La firma del recibo dará fe de la percepción por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas”.

Sin embargo, tal apariencia queda desvirtuada por lo que, a renglón seguido, dispone el apartado 2 del precepto: “Cuando el abono se realice mediante transferencia bancaria, el empresario entregará al trabajador el duplicado del recibo sin recabar su firma, que se entenderá sustituida, a los efectos previstos en el apartado anterior, por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria”.

En definitiva, se admite que el trabajador no firme el duplicado del recibo de salarios cuando quede constancia de su abono mediante el comprobante que expide la entidad bancaria, por lo que el hecho de que no se le entregue el recibo en soporte papel se ajusta a esta última previsión. El trabajador, no solo puede acceder a su recibo de salarios a través del terminal informático, sino también obtener una copia del recibo, cumpliéndose así la exigencia contenida en el artículo 29.1 del ET y artículo 2 de la Orden de 27 de diciembre de 1994.

La sentencia concluye que “la entrega del recibo en soporte informático cumple la finalidad de la entrega al trabajador de copia del recibo de salarios que, tal y como consta en la exposición de motivos de la Orden de 27 de diciembre de 1994, es garantizar la constancia de la percepción por el trabajador de las cantidades liquidadas y la debida transparencia en el conocimiento por el mismo de los diferentes conceptos de abono y descuento que conforman tal liquidación”. La operación, que antes consistía en abrir el buzón mediante una llave, ahora se realiza introduciendo en el terminal informático el número de DNI y la clave, lo que supone ningún perjuicio al trabajador.

Y añade, además, que dicho cambio de soporte no le supone al trabajador ningún perjuicio ni molestia, pues «no puede calificarse de gravoso el hecho de que si el trabajador quiere una copia de su nómina en soporte papel tenga que dar la orden de imprimir y esperar breves segundos a que la impresión se efectúe».

Por tanto, de ello se deduce claramente que el empresario que pretenda el cambio de formato debe poner a disposición de los trabajadores afectados los medios informáticos para el acceso al documento y, en su caso, su materialización.