DESPIDOS COLECTIVOS: RECIENTE E IMPORTANTE DOCTRINA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CONCEPTO DE CENTRO DE TRABAJO.

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El Derecho de la Unión Europea se opone a que se utilice como única unidad de referencia la empresa, en lugar del centro de trabajo, en los despidos colectivos, lo que puede convertir en nulos muchos despidos objetivos individuales que deberían haberse tramitado como despidos colectivos.

Nuestro derecho interno (art. 51 ET), establece que serán despidos colectivos los que afecten a un nº o porcentaje de trabajadores en relación a la plantilla de la empresa total (cuando en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores).

Sin embargo el TJUE ha declarado que esta normativa se opone a la europea contenida en la Directiva 98/59/CE, que establece que el porcentaje o nº de afectados debe ser en relación al centro de trabajo donde haya afectados, y no a la empresa.

 

Así lo establecen las recientes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión europea, sala quinta, de 30 de abril de 2015, sobre la normativa de Inglaterra y Gales, y la Sentencia de 13 de mayo de 2015, esta última relativa a la normativa española, que analizan si la normativa de los países miembros se opone o no a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, cuyo objetivo es reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado en la Unión Europea.

El artículo 1 de la referida Directiva establece:

“1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

– al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

– al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

– al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados”

 

 

En la Sentencia de 13 de mayo el órgano jurisdiccional remitente (Juzgado Social nº 33 de Barcelona) solicita orientación sobre el concepto de «centro de trabajo» que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59, para poder dilucidar si el despido que debe juzgar debe considerase colectivo o no. Concretamente desea que se dilucide si los artículos 1, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/59 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en la que el umbral numérico establecido se refiera exclusivamente al conjunto de la empresa, con exclusión de aquellas situaciones en las que -de haberse acogido el centro de trabajo como unidad de referencia- se habría superado dicho umbral numérico.

También en esta última sentencia sobre el derecho español se plantea por el Juzgado de lo Social 33 de Barcelona si deben tenerse en c cuenta a la hora de contabilizar el nº de extinciones los contratos que de duración determinada.

El TJUE declara que la Directiva 98/59 no se aplicará a los despidos colectivos efectuados en el marco de contratos de Trabajo celebrados por una duración o para una tarea determinadas, salvo si estos despidos tienen lugar antes de la finalización o del cumplimiento de esos contratos, ya que tales contratos no se extinguen a iniciativa del empresario, sino en virtud de las cláusulas que contienen o de la normativa aplicable, cuando llegan a término o cuando se realiza la tarea para la que fueron celebrados.

Respecto al concepto de “centro de trabajo”, recoge los criterios jurisprudenciales de la Unión europea para que se pueda considerar como tal cuando una empresa tiene varias entidades (unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido; entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas). Finalmente el Tribunal de Justicia precisa que los conceptos de «empresa» y de «centro de trabajo» son distintos y que el centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa. No obstante, ello no excluye que el centro de trabajo y la empresa puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias unidades distintas.

A la luz de esta interpretación, declara que infringe el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59 una normativa nacional (la española) que introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva.

 

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