ENÉSIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL: NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 9/2015, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

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Ha entrado en vigor la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que consolida las medidas adoptadas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptaban medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

El objetivo de la norma es extender al convenio concursal los principios establecidos en la Ley 17/2014, concretamente, apoyar la continuidad de las empresas, acomodar los privilegios jurídicos a la realidad del concurso y respetar las garantías reales según su valor económico real.

 

En relación al convenio concursal, se amplía también el quórum de la Junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que no lo tenían hasta ahora.

Se levanta la limitación anterior de los efectos del convenio (quitas del 50% y esperas de cinco años), pero superar dichos límites exige una mayoría reforzada del 65%.

Otra novedad importante es la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, con los requisitos de se haga con mayorías reforzadas y de que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase.

Para ello por primera vez se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso: en primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).

 

En materia de Liquidación, se introducen cambios con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal y garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.

Así, se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.

Además hay una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un 15% de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones.

También se prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas en liquidación o de sus unidades productivas.

 

Se incluyen una serie de modificaciones para obligar a que la información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones sea comunicada telemáticamente a los acreedores de los que conste su dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más rápido de determinados trámites del proceso concursal.

 

(*Pueden consultar las modificaciones previas en materia concursal en este BLOG, y consultar las normas íntegras en la página de Novedades Legislativas)

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