Artículos y novedades legislativas sobre empresas en concurso o riesgo de estarlo.

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DISPONIBLE EL FORMULARIO OFICIAL PARA SOLICITAR EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS.

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Mediante la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, se ha publicado el FORMULARIO para solicitar el Acuerdo extrajudicial de pagos, previsto en el  artículo 232.2 de la Ley Concursal, que ha entrado en vigor el pasado 18 de enero de 2016, para facilitar el acceso al procedimiento y dar mayor seguridad jurídica.

La información que se habrá de proporcionar es la siguiente:

1º/ Identificación del solicitante, ya sea persona natural o jurídica, y de todo lo que se refiere a su situación personal, familiar y laboral o profesional. Se ha de acompañar la acreditación de que concurren las condiciones que permiten iniciar el procedimiento.

2º/ Inventario de sus bienes y derechos, incluyendo la totalidad de su patrimonio.

3º/ Lista de acreedores, que permitirá tanto conocer la entidad de cada uno de ellos al objeto de evaluar su impacto en el conjunto de la deuda.

Esta información permitirá un tratamiento más adecuado de la situación de insolvencia de que se trate, favoreciendo la consecución de los acuerdos extrajudiciales de pago

La solicitud de iniciación del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, así como los trámites notariales o registrales previstos en el artículo 233 LC para el nombramiento del mediador concursal, no conllevarán coste alguno para las personas naturales no empresarios.

 

 

ENÉSIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL: NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 9/2015, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

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Ha entrado en vigor la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que consolida las medidas adoptadas por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptaban medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

El objetivo de la norma es extender al convenio concursal los principios establecidos en la Ley 17/2014, concretamente, apoyar la continuidad de las empresas, acomodar los privilegios jurídicos a la realidad del concurso y respetar las garantías reales según su valor económico real.

 

En relación al convenio concursal, se amplía también el quórum de la Junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que no lo tenían hasta ahora.

Se levanta la limitación anterior de los efectos del convenio (quitas del 50% y esperas de cinco años), pero superar dichos límites exige una mayoría reforzada del 65%.

Otra novedad importante es la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, con los requisitos de se haga con mayorías reforzadas y de que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase.

Para ello por primera vez se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso: en primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).

 

En materia de Liquidación, se introducen cambios con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal y garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.

Así, se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.

Además hay una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un 15% de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones.

También se prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas en liquidación o de sus unidades productivas.

 

Se incluyen una serie de modificaciones para obligar a que la información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones sea comunicada telemáticamente a los acreedores de los que conste su dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más rápido de determinados trámites del proceso concursal.

 

(*Pueden consultar las modificaciones previas en materia concursal en este BLOG, y consultar las normas íntegras en la página de Novedades Legislativas)

DESPIDOS COLECTIVOS: RECIENTE E IMPORTANTE DOCTRINA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL CONCEPTO DE CENTRO DE TRABAJO.

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El Derecho de la Unión Europea se opone a que se utilice como única unidad de referencia la empresa, en lugar del centro de trabajo, en los despidos colectivos, lo que puede convertir en nulos muchos despidos objetivos individuales que deberían haberse tramitado como despidos colectivos.

Nuestro derecho interno (art. 51 ET), establece que serán despidos colectivos los que afecten a un nº o porcentaje de trabajadores en relación a la plantilla de la empresa total (cuando en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores).

Sin embargo el TJUE ha declarado que esta normativa se opone a la europea contenida en la Directiva 98/59/CE, que establece que el porcentaje o nº de afectados debe ser en relación al centro de trabajo donde haya afectados, y no a la empresa.

 

Así lo establecen las recientes Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión europea, sala quinta, de 30 de abril de 2015, sobre la normativa de Inglaterra y Gales, y la Sentencia de 13 de mayo de 2015, esta última relativa a la normativa española, que analizan si la normativa de los países miembros se opone o no a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, cuyo objetivo es reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado en la Unión Europea.

El artículo 1 de la referida Directiva establece:

“1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a) se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:

– al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,

– al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

– al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados”

 

 

En la Sentencia de 13 de mayo el órgano jurisdiccional remitente (Juzgado Social nº 33 de Barcelona) solicita orientación sobre el concepto de «centro de trabajo» que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59, para poder dilucidar si el despido que debe juzgar debe considerase colectivo o no. Concretamente desea que se dilucide si los artículos 1, apartado 1, y 5 de la Directiva 98/59 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en la que el umbral numérico establecido se refiera exclusivamente al conjunto de la empresa, con exclusión de aquellas situaciones en las que -de haberse acogido el centro de trabajo como unidad de referencia- se habría superado dicho umbral numérico.

También en esta última sentencia sobre el derecho español se plantea por el Juzgado de lo Social 33 de Barcelona si deben tenerse en c cuenta a la hora de contabilizar el nº de extinciones los contratos que de duración determinada.

El TJUE declara que la Directiva 98/59 no se aplicará a los despidos colectivos efectuados en el marco de contratos de Trabajo celebrados por una duración o para una tarea determinadas, salvo si estos despidos tienen lugar antes de la finalización o del cumplimiento de esos contratos, ya que tales contratos no se extinguen a iniciativa del empresario, sino en virtud de las cláusulas que contienen o de la normativa aplicable, cuando llegan a término o cuando se realiza la tarea para la que fueron celebrados.

Respecto al concepto de “centro de trabajo”, recoge los criterios jurisprudenciales de la Unión europea para que se pueda considerar como tal cuando una empresa tiene varias entidades (unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido; entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas). Finalmente el Tribunal de Justicia precisa que los conceptos de «empresa» y de «centro de trabajo» son distintos y que el centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa. No obstante, ello no excluye que el centro de trabajo y la empresa puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias unidades distintas.

A la luz de esta interpretación, declara que infringe el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59 una normativa nacional (la española) que introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo» a la luz de la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva.

 

¿SE PUEDE REDUCIR LA JORNADA LABORAL POR EL EMPRESARIO?

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Con carácter general, si una empresa necesita reducir la jornada de trabajo de uno de sus empleados,  no podrá hacerlo de  forma unilateral,  ya que la conversión de un contrato de trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial (o al revés) siempre requiere el consentimiento del trabajador afectado. Si el trabajador está conforme con el cambio en su jornada, es necesario documentar el acuerdo, mediante un anexo al contrato de trabajo, y comunicar dicho cambio a la Seguridad Social a través del Sistema RED.

 

Pero hay circunstancias que sí permiten esta reducción de jornada:

 

1º/ CONCURRENCIA DE CAUSAS PRODUCTIVAS, ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS O ECONÓMICAS EN LA EMPRESA:

Si concurren estas causas es posible hacer una reducción de jornada con carácter temporal, o una suspensión total de contrato a través de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con las siguientes peculiaridades:

–          La medida tiene carácter temporal (aunque no existe un período mínimo o máximo de tiempo de duración). Apunte. Es decir, la reducción de jornada debe servir para superar las dificultades de su empresa. Cuando esto ocurra, sus trabajadores deberán volver a trabajar en función de su jornada anterior.

–          La reducción debe ser de entre un 10% y un 70% de la jornada de los afectados, ya sea en  cómputo diario, semanal, mensual o anual. Por ejemplo, si su plantilla trabaja 40 horas semanales, podrá hacer que sólo trabaje entre 12 y 36 horas mientras dure el ERE.

–           Deberá tramitar un ERTE con independencia del número de empleados de su empresa y del número de afectados, aunque solo afecte a uno.

–          No se generan indemnizaciones para los trabajadores afectados

En cuanto a los trabajadores afectados:

1º Cobrarán el paro por la parte de jornada reducida (siempre que cumplan con el período de cotización exigido). Este desempleo se considerará consumido en caso de un despido  posterior, al haberse derogado el beneficio por el cual se podía considerar como no consumida la prestación recibida hasta un máximo de 6 meses (fue aplicable a las reducciones de jornada producidas hasta 31 de diciembre de 2013.)

2º Seguirán cotizando a jornada completa, ya que la empresa deberá ingresar las cuotas relativas a la parte de jornada reducida.

 

El mismo proceso sirve para SUSPENDER la jornada de trabajo (en este caso la diferencia con la reducción de jornada es que la suspensión de la obligación de trabajar debe afectar a días completos de trabajo, ya sean continuados o alternos).

Los trámites de los ERTE (y los de despidos colectivos – ERE)  se regulan en el REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO Y DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA, y su principal característica es la obligación de mantener un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, por un máximo de 15 días, que puede acabar con o sin acuerdo.

 

2º/ CAUSA DE FUERZA MAYOR:

El contrato de trabajo también podrá ser suspendido o podrá reducirse la jornada a iniciativa del empresario por causa derivada de fuerza mayor, que debe ser constatada por la autoridad laboral en un expediente de regulación de empleo de tramitación diferente.

Se inicia mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.  La autoridad laboral competente recabará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de CINCO DÍAS a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

Esta resolución deberá limitarse, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

En el supuesto de que no se constate la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar por la empresa el procedimiento de regulación de empleo normal, de acuerdo con lo establecido en el Título I de la norma.

 

3º/ EMPRESA EN CONCURSO DE ACREEDORES

En el caso de que la empresa fuera declarada en situación de concurso antes de iniciarse un ERTE o un ERE, estos procesos se tramitará ante el Juez del Concurso de Acreedores, por los trámites recogidos en el art.  64 de la Ley Concursal.

Si el ERTE o ERE ya está iniciado, la autoridad laboral procederá a archivar las actuaciones, dando traslado de las mismas al Juez del concurso en la fase en que se encuentren, conforme a lo dispuesto en el  artículo 64.1   de la  Ley Concursal, siempre y cuando la declaración de concurso de la empresa se produzca antes de que la autoridad laboral reciba la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo o de suspensión de contratos o de reducción de jornada.

 

 

 

REAL DECRETO-LEY 1/15: MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EMPRESAS Y PERSONAS ENDEUDADAS

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Como decíamos en el blog anterior, el 28 de febrero ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que, además de las medidas sociales ya estudiadas en el blog anterior, introduce medidas encaminadas a reducir las cargas financieras de los endeudados y facilitar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe.
Estas medidas se pueden agrupar en tres bloques:

 

1º/ REFORMA DE LA LEY CONCURSAL: flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pagos (mecanismo de segunda oportunidad).

-La norma revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En este punto se amplía el ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas realizado ante Notario, y la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, frente al régimen de sometimiento voluntario que existía con anterioridad. También se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

-Si esta opción no prospera, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación del patrimonio del deudor, siempre y cuando sea un deudor de buena fe y se hayan pagado los créditos privilegiados, los créditos contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no es así, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euribor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

Registro Público: como contrapartida para acogerse a esta opción habrá que figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde los ciudadanos podrán consultar su situación de solvencia.

-Límites: para evitar abusos se han introducido ciertas garantías, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

 

2º/ CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS: se mejora el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Se amplían los requisitos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, de modo que el límite de los ingresos sea finalmente tres veces el IPREM calculado con catorce pagas (en lugar de doce, como hasta ahora).

Se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

Además, los que cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido al mecanismo de segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

 

3º/ AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS:

Se amplía por dos años, hasta 2017, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables (contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), suspensión que finalizaba el próximo mes de mayo, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida, a fin de que los que cumplan las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

 

 Si lo desea puede descargarse el CUADRO COMPARATIVO elaborado por THOMSON REUTERS ARANZADI, sobre la reforma de la Ley Concursal (“Mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera: Cuadro comparativo”), así como el texto íntegro del RDLEY 1/15, en la página de la Web NOVEDADES LEGISLATIVAS 2015 – MARZO.

 

NOVEDADES EN MATERIA CONCURSAL: EVITE EL CONCURSO DE ACREEDORES HACIENDO UN ACUERDO DE REFINANCIACIÓN

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Debido a la crisis económica actual, numerosas empresas han iniciado proceso de Concurso de Acreedores o están a punto de hacerlo ante su imposibilidad de afrontar los pagos. Además, hasta hace poco, cuando una empresa no podía hacer frente a sus pagos (o preveía que no lo podría hacer de forma inminente), debía solicitar concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se constata esa circunstancia

Se ha comprobado que llegar a este extremo no es siempre la mejor solución, ya que  la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y para el mantenimiento del empleo. Además la acumulación de procesos en los Juzgados de lo Mercantil está provocando estragos en las concursadas, al retrasarse en ocasiones durante meses las declaraciones de concurso de acreedores.

Por ello en mayo de 2014 se publicó el REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (ver  en NOVEDADES LEGISLATIVAS 2014 – ABRIL), que permitía llegar a acuerdos de refinanciación para evitar el concurso de acreedores. Tras esta norma la  empresa puede ganar tiempo si, dentro del mismo plazo de dos meses, comunica al juzgado que ha iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, lo que  suspende la obligación de solicitar concurso, y éste ya no deberá solicitarse si, gracias al acuerdo de refinanciación o a cualquier otra causa, se supera la situación de insolvencia. Si no se supera la insolvencia, el Concurso deberá solicitarse en el mes siguiente al transcurso de tres meses desde la comunicación.

Pues bien, siguiendo esta línea, el pasado 1 de octubre ha entrado en vigor la LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL (ver en NOVEDADES LEGISLATIVAS – OCTUBRE) que acomete medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial, y se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes para evitar el concurso de la empresa y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

 

NOVEDADES:

Desde la empresa presente la comunicación al juzgado del inicio de conversaciones para alcanzar un acuerdo, quedarán suspendidas las ejecuciones sobre los bienes que sean necesarios para que la empresa continúe su actividad (antes esa suspensión sólo se producía tras la declaración de concurso, que tenía lugar mucho tiempo después, y en ocasiones demasiado tarde).

Además, estos acuerdos se protegen de manera especial. Antes existía el riesgo de que, si la empresa acababa en concurso, el juez anulara los mismos, lo que dificultaba que se firmaran por algunos acreedores. La nueva ley establece que dichos acuerdos NO se podrán anular si se formalizan en escritura y cumplen estos requisitos:

1º/ Que gracias al acuerdo se produzca un aumento significativo del crédito disponible, o una prórroga de los plazos de vencimiento.

2º/ Que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita continuar la actividad de la empresa.

3º/ Que sea aceptado por acreedores que representen al menos 3/5 partes del pasivo, y el auditor de la empresa (o si no tiene, el designado por el registro Mercantil) certifique que se cumple esa mayoría.

 

Además, para las nuevas inyecciones de dinero que reciba la empresa gracias a un acuerdo de refinanciación,  existe una ventaja adicional para los acreedores, que se mantendrá hasta MARZO DE 2016:

Los préstamos que reciba la empresa como consecuencia de la refinanciación quedarán fuera de las deudas afectadas por el concurso, pasado a considerarse créditos contra la masa, y serán los primeros en pagarse (hasta ahora sólo pasaba con el 50% de las  nuevas inyecciones de dinero). También serán créditos contra la masa los nuevos préstamos que realicen las personas “especialmente relacionadas” con la empresa (por ejemplo, su administrador o los socios que tengan al menos un 10%). De esta forma los socios también pueden “apostar” por la viabilidad de la empresa sin verse perjudicados por ello.

 

Por último destacamos que en la nueva norma se modifica el Régimen de la  Administración Concursal:

1º/ Se establecen un nuevo sistema de requisitos para ejercer como administrador concursal, para asegurar que las personas que desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y conocimientos suficientes. Destaca como novedad la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una SECCIÓN CUARTA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES Y AUXILIARES DELEGADOS en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dispuestas a ejercer sus labores de administración concursal.

2º/ Se reforma el sistema de designación de la administración concursal, cuyo funcionamiento será desarrollado mediante reglamento. Se establecen como pilares del nuevo sistema la SECCIÓN CUARTA DEL REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados y la clasificación de los concursos en función de su tamaño.

3º/ Se reforman los principios rectores de la remuneración de la administración concursal, incorporando el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración de la administración concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo, de modo que el arancel no solo sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal.

SEPTIEMBRE – Nuevos acuerdos de refinanciación de empresas

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Ley 30-9-14 medidas urgentes refinanciación empresas

CONSULTE PERIÓDICAMENTE EL REGISTRO CONCURSAL

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Recomendamos a los clientes y usuarios, especialmente PYMES y Autónomos, que consulten de forma periódica el Registro Concursal, de reciente creación a través del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, para prevenir impagados. También si son acreedores de empresas en dificultades, o trabajadores de las mismas, ya que es probable que la empresa en dificultades o en concurso adopte medidas sobre los contratos de los trabajadores y/o incurra en impago de salarios.

Este registro es de acceso libre y a través de él podréis:

1º/ Comprobar si un cliente está en concurso de acreedores, y en ese caso, si puede firmar contratos su administrador o debe hacerlo el administrador concursal, antes de firmar algún acuerdo importante.

2º/ Conocer la identidad del Administrador Concursal y comunicarle, en su caso, el crédito que tenga frente a la empresa en concurso.

3º/ Saber si la empresa está negociando un acuerdo de financiación o un acuerdo extrajudicial con sus acreedores y tener acceso al mismo.

También es de gran utilidad para la Administración de Justicia, ya que facilita la comunicación de las resoluciones que adopten los Juzgados de lo Mercantil a los distintos registros públicos y otros juzgados.

Podéis consultar el Registro Concursal en el siguiente enlace (copiar y pegar en la barra de direcciones del buscador):  https://www.publicidadconcursal.es

SEPTIEMBRE – Novedades en materia concursal

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RD-LEY 11-2014 de 5 de septiembre

ABRIL – Refinanciación y Reestructuración de la deuda empresarial

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REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL.

Esta norma es de enorme trascendencia para empresas en dificultades. Introduce más facilidades para que las empresas realicen la Comunicación al Juzgado sobre el inicio de negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, y eviten solicitar concurso, prevista en la Ley Concursal:

-Desde que se presenta la comunicación, quedan suspendidas las ejecuciones sobre los bienes que sean necesarios para que la empresa continúe su actividad (antes esa suspensión sólo se producía tras la declaración de concurso).

-Asimismo, la empresa puede solicitar que no se publique en el Registro Público Concursal que ha iniciado negociaciones con sus acreedores (esto es útil para evitar que los clientes o proveedores se “asusten” al enterarse de que la empresa está en dificultades).