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DISPONIBLE EL FORMULARIO OFICIAL PARA SOLICITAR EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS.

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Mediante la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, se ha publicado el FORMULARIO para solicitar el Acuerdo extrajudicial de pagos, previsto en el  artículo 232.2 de la Ley Concursal, que ha entrado en vigor el pasado 18 de enero de 2016, para facilitar el acceso al procedimiento y dar mayor seguridad jurídica.

La información que se habrá de proporcionar es la siguiente:

1º/ Identificación del solicitante, ya sea persona natural o jurídica, y de todo lo que se refiere a su situación personal, familiar y laboral o profesional. Se ha de acompañar la acreditación de que concurren las condiciones que permiten iniciar el procedimiento.

2º/ Inventario de sus bienes y derechos, incluyendo la totalidad de su patrimonio.

3º/ Lista de acreedores, que permitirá tanto conocer la entidad de cada uno de ellos al objeto de evaluar su impacto en el conjunto de la deuda.

Esta información permitirá un tratamiento más adecuado de la situación de insolvencia de que se trate, favoreciendo la consecución de los acuerdos extrajudiciales de pago

La solicitud de iniciación del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, así como los trámites notariales o registrales previstos en el artículo 233 LC para el nombramiento del mediador concursal, no conllevarán coste alguno para las personas naturales no empresarios.

 

 

LA NUEVA LEY DE “SEGUNDA OPORTUNIDAD” FLEXIBILIZA EL ACCESO A LA EXONERACIÓN DE LAS DEUDAS DE LAS PERSONAS NATURALES.

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El pasado mes de febrero se publicó el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, por el que se reformaba entre otras la Ley Concursal regulando las llamadas “medidas de segunda oportunidad”, incluyendo la posibilidad de que las personas físicas o naturales fueran exoneradas de sus deudas, cumpliendo una serie de requisitos recogidos en el art. 178 bis de la Ley Concursal (ver BLOG de 01-06-15: ¿Puede una persona física ser exonerada de sus deudas?).

Se trata de un procedimiento extrajudicial mediante el que el deudor puede negociar el pago de la deuda con sus acreedores, y conseguir quitas, ayudado por la figura del Mediador Concursal (no obstante los créditos de derecho público –Agencia Tributaria por ejemplo- no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque sí podrán aplazarse y fraccionarse, y los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo si así lo deciden los acreedores), al que se podrá acoger cualquier persona física (particulares y autónomos), que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, si su deuda no supera los cinco millones de euros.

 

Con fecha 29 de julio ha entrado en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que reproduce el contenido del anterior Real Decreto Ley 1/15 en lo relativo a las medidas de segunda oportunidad, con algunos cambios que facilitan el acceso al beneficio de exoneración y su concesión definitiva, aunque el proceso sigue siendo complejo y laborioso.

 

CAMBIOS EN ART. 178 BIS DE LA LEY CONCURSAL:

 

1º/ Se modifica el artículo 178 BIS, apartado 3-1º (requisitos para ser considerado deudor de buena fe),  en los siguientes términos:

Se permite que el concurso de acreedores haya sido declarado culpable (antes no), si lo ha sido por aplicación del artículo 165.1.1º (cuando se hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso), en cuyo caso el juez podrá conceder el beneficio de exoneración de la deuda atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

 

2º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado 3-5º-v (que recoge las obligaciones del deudor para el caso de que no haya pagado en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios), añadiendo que  el deudor deberá aceptar que la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se haga constar en la sección especial del Registro Público Concursal  por un plazo de cinco años, y regulando el acceso público a esta sección, de modo que únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal.

 

3º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado 5, que prevé que quedarán a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado, añadiendo como novedad que tampoco podrán subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida.

 

4º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado  7 , que prevé que cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados, añadiendo que se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se añade también como causa de revocación del beneficio de exoneración el supuesto de que  mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

 

5º/ Se modifica el art. 178 BIS, apartado  8, que prevé que transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso (en la norma anterior el plazo era de cinco años).

También se dictará el citado auto en los casos en que no se hubiera cumplido el plan de pagos en su integridad, siempre que el deudor hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio, que no tuviesen la consideración de inembargables, o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.

 

¿PUEDE UNA PERSONA FÍSICA SER EXONERADA DE SUS DEUDAS?

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Quizá una de las figuras más novedosas de las reformas de la Ley Concursal que venimos observando sea la posibilidad de exoneración de las deudas a los deudores personas físicas, introducida por la denominada Ley de Segunda Oportunidad, pero vamos a ver que no es sencillo que un deudor persona física consiga que se le exonere de pagar sus deudas.

Para ello será necesario:

-Que el deudor sea declarado en concurso de acreedores y éste acabe por liquidación o “insuficiencia de masa activa” (es decir, porque no haya bienes suficientes para pagar).

-Que el deudor sea considerado de “buena fe”. Para ser considerado como tal hay que cumplir varios requisitos, como que el concurso no sea declarado culpable (es decir, que la insolvencia no haya sido provocada o agravada por el deudor), o bien que el deudor acepte un plan de pagos para liquidar en cinco años las deudas que la ley no permite exonerar (por ejemplo las contraídas con Hacienda o Seguridad Social).

Además:

1) Antes de conceder la exoneración de deudas, el juez que tramita el concurso deberá oír  a los acreedores, por lo que si se es acreedor conviene personarse en el Concurso y oponerse a la exoneración, que sólo podrá basarse en que el deudor no cumple los requisitos para ser de “buena fe”.

2) La exoneración es temporal: si el deudor consigue que se le exonere de su deuda, durante los cinco años siguientes se podrá solicitar al juez por los acreedores que la deje sin efecto si se producen, entre otras, estas circunstancias:

-Si mejora sustancialmente la situación económica del deudor, de manera que pueda pagar todas sus deudas pendientes.

-Si aparecen bienes o ingresos que su deudor ocultó.

-Si incumple el plan de pagos de cinco años antes indicado.

3) Se puede ir contra el avalista. Si el crédito está garantizado por un avalista, se podrá reclamar el pago a éste, aunque el deudor consiga la exoneración de deudas indicada.

 

Para más información puede consultar el art. 178.bis de la ley Concursal actualizado, que recoge el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

 

 

REAL DECRETO-LEY 1/15: MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EMPRESAS Y PERSONAS ENDEUDADAS

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Como decíamos en el blog anterior, el 28 de febrero ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que, además de las medidas sociales ya estudiadas en el blog anterior, introduce medidas encaminadas a reducir las cargas financieras de los endeudados y facilitar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe.
Estas medidas se pueden agrupar en tres bloques:

 

1º/ REFORMA DE LA LEY CONCURSAL: flexibilización de los acuerdos extrajudiciales de pagos (mecanismo de segunda oportunidad).

-La norma revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En este punto se amplía el ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas realizado ante Notario, y la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, frente al régimen de sometimiento voluntario que existía con anterioridad. También se potencia la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

-Si esta opción no prospera, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación del patrimonio del deudor, siempre y cuando sea un deudor de buena fe y se hayan pagado los créditos privilegiados, los créditos contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no es así, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euribor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

Registro Público: como contrapartida para acogerse a esta opción habrá que figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde los ciudadanos podrán consultar su situación de solvencia.

-Límites: para evitar abusos se han introducido ciertas garantías, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

 

2º/ CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS: se mejora el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Se amplían los requisitos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, de modo que el límite de los ingresos sea finalmente tres veces el IPREM calculado con catorce pagas (en lugar de doce, como hasta ahora).

Se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

Además, los que cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido al mecanismo de segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

 

3º/ AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS:

Se amplía por dos años, hasta 2017, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables (contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), suspensión que finalizaba el próximo mes de mayo, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida, a fin de que los que cumplan las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

 

 Si lo desea puede descargarse el CUADRO COMPARATIVO elaborado por THOMSON REUTERS ARANZADI, sobre la reforma de la Ley Concursal (“Mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera: Cuadro comparativo”), así como el texto íntegro del RDLEY 1/15, en la página de la Web NOVEDADES LEGISLATIVAS 2015 – MARZO.